Finalmente, asistimos desde el inicio de febrero de este año, a los primeros esbozos para reconocer que hay inflación en la Argentina y que algo hay que hacer para combatirla.
Luego de tres años durante los cuales se trató de negarla ya sea a través de los números del INDEC, que se van alejando mes a mes del bolsillo de los argentinos, o con eufemismos como “sinceramiento de precios” o “redireccionamiento”, se ha evitado no sólo hablar de inflación sino de coordinar políticas públicas para enfrentarla. Era lógico que ese proceso desembocara en una situación insostenible como la que el propio Gobierno prevé para este año 2013 que ubicaría la tasa de inflación alrededor del 30%. Indudablemente, no hay economía en el mundo que pueda sostenerse con tan altos índices de inflación a lo largo de un período sostenido de tiempo.
La desatención al tema inflacionario denota la primera señal de desinterés del Gobierno por los consumidores. En efecto, si existiera tal interés, no hubiera demorado 3 años en comenzar a enfrentar a la inflación. Tal como están haciendo otros países, como Brasil ante índices que empiezan a tornársele preocupantes, se deberían haber tomado medidas concretas que permitieran mantener el poder adquisitivo del salario.
Entonces, en pleno verano de un año electoral y con pronóstico complejo en la lucha contra la inflación, se ha planteado un acuerdo de precios con las cadenas de supermercados más importantes del país, al que luego se han sumado los supermercados chinos y las casas de electrodomésticos. El acuerdo supone el congelamiento de precios de cada uno de los firmantes, a valores propios al 1° de febrero, por un plazo de 60 días, con posterior prórroga. El acuerdo, lamentablemente, tiene dos ausencias notorias y preocupantes teniendo en cuenta que se ha firmado desde las áreas más importantes del Gobierno Nacional y resulta sospechoso que no incluyan, por un lado, la garantía de stock, es decir el compromiso de los comerciantes de ofertar los productos durante la vigencia total del acuerdo y, adicionalmente, que el acuerdo no haya incluido el listado de precios de referencia de, por lo menos, los 300 productos de la canasta básica. Estas omisiones, lejos de ser salvadas luego, se profundizaron al prohibírsele por vía telefónica a los supermercadistas a publicar precios y promociones en los diarios.
Esta es una nueva señal del desinterés por los consumidores porque para que el congelamiento sea efectivo y redunde en una política eficiente nada mejor que el control social de su cumplimiento. ¿Puede el Gobierno poner un inspector en cada sucursal de cada supermercado? Definitivamente no. ¿Podría cada consumidor controlar que los precios no aumenten? Definitivamente sí porque somos los que vamos a hacer las compras, pero para eso habría que contar con la necesaria información (prevista en el art. 4 de la Ley 24.240) y que se ha cercenado: así es que no hay listas de precios al 1° de febrero y tampoco información actualizada de ofertas. ¿Qué debemos hacer entonces los consumidores? Guardar los tickets de compras anteriores para compararlos con las nuevas. Un verdadero despropósito que recarga aún más al consumidor ante una realidad agobiante.
Por supuesto que el congelamiento de precios acordado alguien lo paga. Fue precedido por una fuerte remarcación durante enero de este año y ahora, con la prórroga en puerta, los empresarios piden compensaciones y denuncian las elevadas comisiones que les cobran las tarjetas de crédito por operar con ellas. Entonces, se plantea un único nuevo medio de pago, emitido por el Banco Nación que fijaría su comisión en un tercio de la que actualmente pagan los supermercados.
Además de ser una medida de dudosa implementación inmediata porque hay 27 millones de tarjetahabientes que operan en nuestro mercado, la concentración en un único medio restringe la libertad de comercio y podría generar un sistema de control gubernamental peligroso en el marco del estado de derecho. En ese sentido, alertamos sobre el manejo que podría hacerse en relación a límites de compras y uso específico de la única tarjeta que admitirían los supermercados.
Y estamos acá, entonces, ante una nueva demostración del desinterés por el consumidor. Como vemos, no se trata de generar un nuevo medio de pago para facilitar la cotidianeidad de los consumidores sino que es un medio para mejorar las condiciones de comercialización de los supermercadistas.
Nuestro compromiso sigue siendo el de aportar al debate de ideas y acciones que permitan defender el poder adquisitivo del salario y, centralmente, avanzar en el núcleo de un tema de la economía argentina como es el de los formadores de precios quienes, en definitiva y concentración económica de por medio, fijan los precios y reglas de comercialización en nuestro país y sobre los cuales no se ha puesto el ojo en la última década. Ese es el debate y las políticas públicas sostenibles en el tiempo que debemos propiciar desde la sociedad civil.
Dr. Fernando Blanco Muiño – Presidente |
